Transportistas piden modernización y pago electrónico para beneficiar a usuarios

 

El dirigente del transporte, Wilmer Cálix, propuso este lunes que el proyecto de modernización del transporte público en Tegucigalpa integre las rutas urbanas que actualmente operan fuera del Trans 450, con un sistema de pago electrónico que permita a los usuarios utilizar diferentes unidades con un mismo pasaje.

Cálix dijo que el proyecto anunciado por la Alcaldía debe superar el recorrido entre el Estadio Nacional, la Kennedy y la Universidad, para incorporar sectores como El Carrizal, El Hato y Los Robles, mediante una red que conecte las distintas rutas de la capital.

“Hay que cubrir todo un sistema de la capital. Es decir, que, si usted viene del Carrizal, del Hato, de los Robles, debe de poder, con el mismo pasaje, subirse en el Trans, en este momento no se puede hacer”, señaló.

El dirigente planteó que las rutas que ya prestan servicio deben incorporar primero un sistema de recaudo electrónico para después integrarse al Trans 450, igual propuso mantener un bono compensatorio mínimo y cubrir la mayor parte del costo operativo mediante los pagos electrónicos, cuyos ingresos se distribuirían entre los vendedores de recargas, la empresa encargada del sistema y el banco que administre el fideicomiso.

Cálix señaló que la tarifa real del transporte público en Tegucigalpa oscilaría entre 22 y 23 lempiras, frente a los 13 lempiras que pagan actualmente los usuarios gracias al bono compensatorio vigente desde 2017, un beneficio que alcanza a 1.6 millones de hondureños.

Por otro lado, el representante del sector informó que el Gobierno mantiene una deuda de tres meses por el bono compensatorio y que las autoridades se comprometieron a cancelar entre este lunes y martes el correspondiente a agosto, aunque todavía quedarían pendientes otros dos meses.

Cálix pidió al Gobierno central y a la Alcaldía avanzar en la propuesta de modernización que presentaron al presidente de la República, con el propósito de integrar el servicio y reducir la dependencia de los empresarios respecto a los pagos estatales, además de evitar conflictos derivados de los atrasos en el subsidio.


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