Denuncia contra sicólogo de Senaf vuelve a poner en debate a la institución encargada de proteger a la niñez

 

Una denuncia por supuesto abuso sexual atribuido a un sicólogo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), pone de nuevo bajo escrutinio a la institución encargada de velar por la protección de la niñez y adolescencia en Honduras.

La joven, identificada como “Alexa” para proteger su identidad, relató que llegó a la Senaf luego de permanecer en las calles y que fue atendida por un sicólogo. Según su denuncia, el pasado 28 de julio recibió un jugo que presuntamente contenía alguna sustancia y posteriormente perdió el conocimiento. Al despertar, afirmó haberse encontrado desnuda y haber cuestionado al profesional, quien negó los señalamientos.

Tras escapar de las instalaciones, la joven acudió al Hospital Escuela, donde, de acuerdo con su relato, le informaron que tenía siete semanas de embarazo. Aseguró que comunicó lo sucedido a personal de la Senaf, pero que no fue atendida. Además, afirmó haber escuchado testimonios de otras menores sobre supuestas agresiones dentro de la institución.

La directora de la Senaf, Ada María Mejía Signorelli, aseguró que se activaron los protocolos correspondientes y que la institución está priorizando la protección de la joven. Garantizó acompañamiento médico, psicológico y legal, y afirmó que se trabaja para localizar a sus padres en Comayagua.

Mejía fue enfática en señalar que la Senaf no encubrirá a ningún funcionario, independientemente de su cargo, y que desde que conoció la denuncia se puso a disposición del Ministerio Público y de los operadores de justicia. Precisó que en la sede capitalina solamente existe un psicólogo hombre y que se realizan investigaciones internas para esclarecer los hechos.

El Ministerio Público, por su parte, informó que el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) realizó tres intervenciones con la joven, pero que no fue posible completar las evaluaciones médicas y psicológicas debido, según su comunicado, a la negativa y falta de colaboración de la supuesta víctima, quien posteriormente abandonó el proceso y no dejó datos de contacto.

El ente acusador rechazó categóricamente que se le haya negado acceso a la justicia y sostuvo que personal fiscal acudió a los lugares donde la joven fue atendida, brindándole asesoría y orientación sobre las acciones correspondientes.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rubenia Galeano, pidió una investigación y cuestionó que instituciones creadas para defender los derechos de la niñez sean señaladas por presuntamente vulnerarlos. Consideró indispensable garantizar condiciones de seguridad para los menores bajo custodia y que, si existe responsabilidad de algún empleado, este sea puesto a disposición de la justicia.

El caso permanece bajo investigación y plantea interrogantes sobre los mecanismos de protección y atención dentro de las instituciones responsables de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.