El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encontró
irregularidades en 13 exhortos utilizados para ejecutar embargos judiciales
contra fondos de la Cuenta Única del Estado, con un perjuicio económico de 32
millones 545 mil 791 lempiras con 88 centavos, según las conclusiones del
Informe Especial No. 002-2026-DGSD-CSJ-C, derivado de una investigación
practicada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por hechos relacionados con los
ejercicios fiscales 2024 y 2025.
El informe identificó 13
expedientes atribuidos a supuestas demandas laborales contra la Alcaldía
Municipal de Choluteca, mediante los cuales se ejecutaron embargos contra
fondos públicos, pese a que los exhortos utilizados carecían de respaldo documental
primario como acuerdos conciliatorios, autos de ejecución de embargo o
referencias claras a esos documentos.
El TSC determinó que los
exhortos (es una comunicación oficial y formal mediante la cual un juez pide a
otro juez de distinta jurisdicción o localidad que realice un acto procesal en
su representación) fueron presentados por el abogado que figuraba como
apoderado legal de la supuesta parte demandante o por personas vinculadas con
él, para luego ser recibidos, tramitados y ejecutados por el Juzgado de Letras
del Trabajo de Francisco Morazán sin evidencia de una confirmación documental,
electrónica, institucional o telefónica con el juzgado de Choluteca.
El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca
desconoció la emisión de los 13 exhortos, así como las firmas, sellos y
actuaciones atribuidas a ese órgano, además de certificar que algunos números
correspondían a procesos reales contra empresas privadas, uno pertenecía a un
proceso contra la Municipalidad de Choluteca con alteración de partes
procesales y cuantía y otros no existían en sus registros, por lo que los
documentos fueron considerados “totalmente falsos”.
La revisión documental
estableció que los exhortos sirvieron como base para practicar embargos sobre
la Cuenta Única del Estado No. 11101-01-000618-1 en el Banco Central de
Honduras (BCH) , con traslado posterior de los fondos hacia la cuenta judicial
No. 11101-04-000040-6 del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.
El TSC verificó que desde esa
cuenta judicial se emitieron cheques de caja a favor del abogado que figuraba
como apoderado legal de la supuesta parte demandante, con un monto total de 32
millones 545 mil 791 lempiras con 88 centavos, cantidad que el informe
establece como perjuicio económico al Estado de Honduras.
“Se verificó que, con base en dichos exhortos, se
practicaron embargos sobre la Cuenta Única del Estado No. 11101-01-000618-1 en
el Banco Central de Honduras, trasladándose los fondos a la cuenta judicial No.
11101-04-000040-6 del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, desde
la cual se emitieron cheques de caja a favor del abogado que figuró como
apoderado legal de la supuesta parte demandante”, detalló el TSC.
La documentación judicial
también estableció que de los 13 expedientes examinados solo uno correspondía a
una demanda real contra la Alcaldía de Choluteca, mientras otros expedientes
estaban relacionados con empresas privadas y varios números no figuraban en los
libros de registro ni en los sistemas electrónicos del juzgado, de acuerdo con
las certificaciones incorporadas a la investigación.
La investigación identificó
además la participación de diversas personas naturales, profesionales del
derecho, funcionarios y servidores judiciales vinculados con la presentación,
recepción, tramitación, ejecución y pago de los embargos, con actuaciones que
podrían constituir irregularidades y elementos indicativos de responsabilidad
penal.
El informe concluyó que los hechos
generaron un perjuicio económico de 32 millones 545 mil 791 lempiras con 88
centavos y estableció indicios de responsabilidad penal derivados de los 13
expedientes atribuidos a supuestas demandas laborales contra la Alcaldía
Municipal de Choluteca, cuya documentación permitió ejecutar embargos y emitir
cheques de caja por ese monto.
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