El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal
Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y la Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden
Público (PMOP), ejecutaron dos órdenes de captura contra un funcionario
judicial y otra persona relacionada a quienes se les acusa por los delitos de
revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de
activos. Las acciones se desarrollaron en allanamientos en la colonia San José
de la Peña y la residencial Las Uvas de Comayagüela, en donde se encontraron
además indicios relacionados con dichos delitos.
Las personas detenidas son Lenard Francisco Matamoros García
quien se desempañaba como Receptor II del Circuito Anticorrupción en
Tegucigalpa y su madre María Reina García Cruz, además de solicitar citación
para Dina Emérita Murcia García.
Durante el desarrollo de los allanamientos ordenados por el
juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en materia de criminalidad
organizada y corrupción, también se aseguraron e incautaron un bien inmueble
ubicado en residencial Las Uvas, propiedad del abogado Gabriel Eduardo Chacón
Larios (fallecido), cuya escritura pública de compraventa fue alterada por un
pariente del notario autorizante, y posteriormente vendido por menos del 20% de
su valor comercial a la madre del funcionario judicial relacionado.
Como antecedente, es preciso informar que las investigaciones
del presente caso iniciaron desde el 2019, cuando la MACCIH-UFECIC durante los
procesos de solicitud de diligencias de allanamientos, se identificó que, desde
el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en materia de corrupción,
se estaba facilitando información a los investigados, lo que traía como
consecuencia que las diligencias prejudiciales y captura de los imputados,
fracasaran; lográndose identificar, al menos en dos ocasiones, la entrega de
dinero a cambio de dicha información.
Se establece en el análisis financiero que los ingresos de
dicho funcionario judicial aumentaron de manera considerable cuando inicia
labores en el circuito anticorrupción, siendo ante su salario el único ingreso
identificado. En dicho periodo también inicia las transacciones en efectivo a
través de cajeros automáticos, consistentes, al menos en 165 depósitos, que
sumaron un total de L2,063,800.00.
Uno de los modus operandi a los que recurrieron son los
depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos, así como la
administración y explotación de juego de suerte, envite o azar no autorizados,
que en un principio operaban desde su vivienda y que, posteriormente durante la
pandemia de CIVID-19 continuó con la operatividad utilizando las aplicaciones
de WhatsApp y ¨PÓKER¨, para organizar las partidas de juego, operando como un
casino clandestino, en el que se han identificado, a la fecha, alrededor de 213
jugadores que pagaban sus apuestas a través de trasferencias bancarias a su
cuenta bancaria personal, que sumaron aproximadamente dos millones de lempiras.
Con esta acción, el Ministerio Público reitera a la población
hondureña su compromiso con el combate a la corrupción y el adecentamiento de
las instituciones vinculadas al sistema administración de justicia.
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