El director de
la cárcel de Máxima Seguridad de Morocelí, El Paraíso conocida como “La Tolva”,
coronel de Infantería José Rodimiro Arita Otoniel, fue detenido ayer por la
Policía Militar del Orden Público (PMOP), al momento que permitía el ingreso de
casi medio millón de lempiras para la Pandilla 18.
La captura del
miembro de la institución militar fue confirmada por el ministro de Defensa
José Manuel Zelaya Rosales a través de su cuenta oficial de “X”.
“El director del
Centro Penal de Morocelí, coronel Rodimiro Arita, ha sido detenido y puesto a
las órdenes de las autoridades competentes por suponerlo responsable de los
delitos de asociación para delinquir, abuso de autoridad y lavado de activos,
al mismo tiempo está siendo trasladado al Core 7 para ponerlo a disposición de
la fiscalía de turno”, posteó el funcionario.
Zelaya continuó
que “de igual forma, al abogado y asesor legal del Centro Penal, Luis Antonio
Rodríguez Alvarado. Se está en búsqueda para captura de otra profesional del
Derecho. La investigación y detención se llevó a cabo por la @PMOPHN”.
“Nuestro
compromiso es desmantelar las cárceles y evitar que sigan funcionando como
escuelas del organizado”, indicó.
De acuerdo con
la información preliminar, el coronel Arita habría recibido el dinero que fue
llevado por una de las abogadas de la 18.
Sin embargo, las
fuerzas de investigación sostienen es que ella le entregó el dinero al oficial
militar para que este se lo hiciera llegar a jefes de la pandilla 18.
La cantidad
confiscada al coronel Arita es de unos 445 mil lempiras en efectivo en
diferente denominación.
Trascendió que
Arita ya había enfrentado la justicia con anterioridad, fue detenido en 1997,
por presuntos nexos con Wilfredo Leva Cabrera, imputado como cabecilla de una
banda de robo de vehículos. Arita estuvo siete años preso, recobró su libertad
luego de enfrentar la justicia, así como también su plaza en la institución
castrense.
“CENA NAVIDEÑA”
El portavoz de
la PMOP, capitán José Coello detalló que “se tenía información que una cantidad
de dinero iba a ingresar al Centro Penal de “La Tolva”, fue en la aduana número
dos donde fueron requeridos y suspendidos de sus cargos, el señor director de ese
centro penal acompañado de su asesor legal que labora en mismo centro penal,
ambos fueron requeridos con 445 mil lempiras en efectivo de diferente
denominación”.
“Este dinero al
interior de los Centros Penales iba a ser utilizado para sobornar autoridades,
comprar drogas e incluso armas y en general acciones de amotinamiento,
recordemos que hemos asegurado una gran cantidad de notas extorsivas que vienen
de los Módulos de Máxima Seguridad entre ellos de Támara, en este Centro Penal
que hasta el momento sigue suspendida la visita al Módulo de Máxima Seguridad y
se van a seguir tomando diferentes medidas de orden y de control para que esto
no vuelva a suceder”, continuó.
Coello siguió
que “lógicamente, no habrá ninguna tolerancia para cualquier miembro de la
institución que en algún momento haya cometido actos ilícitos”.
“La persona que
llevaba en mano el dinero dijo que era para una cena navideña estamos hablando
de casi medio millón de lempiras, y eso es ilógico, en ningún momento se
permite el ingreso de armas, drogas, celulares, ni mucho menos cantidades más
pequeñas, esto es prácticamente ilegal, se ha hecho conciencia con todas las
personas que realizan las visitas para evitar que algún momento pierdan su
libertad, y que sean huésped de los centros penales”, señaló.
Desmintió que el
coronel acusado figurara en la lista de los próximos uniformados de la
institución militar en ascender a general de brigada.
YA TRABAJABA PARA LA 18
En horas de la noche, se
emitió un comunicado por parte de la Comisión Interventora del Sistema
Penitenciario Nacional en el que se evidencia la corrupción y la asociación
para delinquir con la estructura criminal en mención entre la propia autoridad.
El documento detalla lo siguiente:
La Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, a la comunidad
nacional e internacional informa:
1. Que el día trece de
diciembre del 2023, en el Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso, una
Profesional del Derecho, ingresó de manera irregular la cantidad de
cuatrocientos cuarenta y cinco mil lempiras (L445,000.00) dinero que según se
investigó pertenece a estructuras criminales que se dedican a sicariatos y
extorsión en nuestro país.
2. Que, según las
investigaciones preliminares realizadas, estos hechos fueron autorizados por el
director del Centro Penitenciario, quien ordenó a los encargados de las Aduanas
de Seguridad que permitieran el ingreso de la Profesional del Derecho con esta
fuerte cantidad de dinero, sin ningún tipo de control y registro, violentando
todos los protocolos de seguridad.
3. Que, esta no era la
primera vez que se cometían este tipo de actos irregulares en este Centro
Penal, ya que esta misma Profesional del Derecho, ya habla ingresado
anteriormente en fecha reciente DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L200,000.00) de la
misma forma y según las investigaciones contando siempre con la autorización
del director del Centro Penal.
4. Que, en
cumplimiento al artículo 269 del Código Procesal Penal, que obliga a los
funcionarios públicos a denunciar los supuestos delitos que tuvieren
conocimiento, el día catorce de diciembre del 2023, la Comisión Interventora
del Sistema Penitenciario Nacional denunció tales hechos ante la Fiscalía,
suspendiendo de manera inmediata de su cargo al coronel José Rodimiro Arita,
para ser puesto a la disposición de las autoridades competentes.
5. Que la Comisión
Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, investigará a profundidad este
hecho para determinar si hubo participación de otros funcionarios de la
institución, quienes, al momento de individualizarse, serán puestos de igual
manera a la orden de las autoridades investigativas y judiciales.
6. Que la Comisión
Interventora del Sistema Penitenciario Nacional reitera a la ciudadanía en
general que no permitirá que acciones particulares de sus miembros que dañen la
imagen y el buen trabajo que ha realizado hasta hoy, por lo que instruye a sus
miembros que todos sus actos se enmarquen siempre en ley exhortando a la
ciudadanía en general que denuncien todo tipo de actos dolosos cometidos por
miembros de la institución.
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